Ante el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir el transporte de mercancías por carretera, asociaciones como AECOC solicitan al Ejecutivo que adopte medidas urgentes.

Asociaciones que representan la cadena de valor del gran consumo, entre las que se encuentra AECOC junto a otras como FIAB, ACES, ANGED O ASEDAD, han solicitado formalmente al Gobierno que colabore urgentemente para garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro ante el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios a las empresas del sector y al conjunto de la sociedad.

En este contexto, las organizaciones del sector hacen un llamamiento a la responsabilidad de los convocantes para no alentar los actos vandálicos que en algunos puntos se están produciendo y evitar que los ciudadanos paguen los problemas que la sociedad en su conjunto ya está sufriendo y que son consecuencia del actual contexto inflacionista y el complejo escenario internacional.

La actuación cada vez más beligerante de los convocantes, con bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos está empezando a ocasionar importantes problemas para las empresas del sector, como la falta de suministro en fábricas y la dificultad para abastecer los puntos de venta.

La cadena de valor entiende y comparte las consecuencias del actual escenario inflacionista y, por ello, ya había solicitado al Gobierno un plan especial de ayuda para mitigar los efectos de la escalada de costes sobre el transporte de mercancías por carretera; con medidas como las adoptadas en Francia, Italia y Portugal, que contemplan la reducción de los impuestos sobre los combustibles y otras exenciones fiscales.

Con todo lo anterior, la cadena de valor del gran consumo ha solicitado al Gobierno que adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías. Así, ha solicitado al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo.