Se ha cumplido un año del apagón general que llevó a una situación de incertidumbre en toda España durante doce horas y que se prolongó, en algunos casos, hasta el 29 de abril. Ahora, la atención ya no se centra tanto en lo ocurrido, sino en sus efectos: el elevado coste que el sistema eléctrico está asumiendo para evitar que vuelva a producirse un colapso como el que dejó a oscuras a todo un país.
Un conjunto de asociaciones empresariales españolas, entre las que se encuentra UNESID, se han unido a la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC, para exigir mayor transparencia sobre estos gastos, que algunas estimaciones sitúan por encima de los 3.000 millones de euros. También solicitan medidas que limiten el impacto en los grandes consumidores industriales.
Estas entidades han impulsado un documento conjunto, presentado bajo el nombre de Observatorio de los servicios de operación del sistema eléctrico, una iniciativa inédita hasta ahora. La unión empresarial representa a compañías de todo tipo, como Cementos Lemona, Acerinox, Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, ArcelorMittal o Celsa, entre otras.
Todas respaldan las críticas que Aeléc lleva tiempo lanzando contra Red Eléctrica (REE), perteneciente al grupo Redeia. Responsabilizan a REE no solo del apagón en su papel de operador del sistema, sino también del aumento de costes derivado de las medidas adoptadas posteriormente para reforzar la red y evitar nuevos fallos. Para AELEC, “todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro
eléctrico y reduce la competitividad de la economía.
Los gastos podrían haber alcanzado 3.500 millones de euros en 2025
La disputa se centra en dos cuestiones clave: el importe real del sobrecoste y quién debe asumirlo. REE afirma que el refuerzo del sistema ha supuesto unos 660 millones de euros adicionales, cifra que recientemente respaldó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso.
Sin embargo, tanto las eléctricas como las patronales elevan notablemente esa cifra al incluir todos los costes operativos asociados al refuerzo del sistema, no solo los vinculados directamente al apagón. Según sus cálculos, en 2025 estos gastos alcanzaron los 3.500 millones de euros, mil millones más que el año anterior, y en lo que va de 2026 ya suman 1.800 millones. En total, estiman que el impacto posterior al apagón ronda los 3.000 millones.
Actualmente, estos costes se trasladan al precio de la electricidad como un componente variable. Cuanto mayor es el consumo, mayor es el coste para el usuario. Esto provoca que la gran industria asuma la mayor parte de la carga. Si se tratara de un peaje fijo, el coste se repartiría de manera más equitativa entre todos los consumidores.
Esa es precisamente la propuesta del sector industrial: además de exigir claridad, reclaman cambios regulatorios que permitan financiar estos costes mediante cargos fijos del sistema eléctrico, evitando así penalizar a los grandes consumidores y buscando un equilibrio entre la seguridad del suministro y la competitividad.
Las compañías eléctricas no se han pronunciado
Por su parte, las compañías eléctricas evitan pronunciarse directamente sobre las críticas relacionadas con el incremento de costes asociado al denominado “modo reforzado”, que implica mantener operativas más centrales convencionales, lo que también aumenta sus ingresos.
El aniversario del apagón ha generado diversas reacciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la falta de explicaciones un año después. El Banco de España ha subrayado la importancia del efectivo, que siguió utilizándose durante el incidente. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el papel de las centrales nucleares, coincidiendo con su visita a la planta de Ascó (Tarragona), como un elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
“Después de un año, no ha habido ninguna respuesta de ayuda”
Desde la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) han realizado una valoración de la actuación que se tuvo entonces, pero también en los meses posteriores por parte de la administración pública y sus gobernantes.
Desde la UPM, consideran que se trató un hecho de grave trascendencia como anecdótico, sin reparar parcialmente los agravios ni conocer, un año después, qué protocolos se han trabajado públicamente para prever una situación similar.
Jaume Roura i Calls, presidente de la Unión Patronal Metalúrgica, denuncia que “después de un año que vivimos el problema del apagón, nos encontramos con que no ha habido ninguna respuesta de ayuda al respecto sobre los perjuicios ocasionados y, especialmente, aquellas que han tenido que detener su operativa”.
Y continúa: “Pero también empresas y ciudadanía sufrimos el incremento de costes desde entonces. Se prevé que, entre gas y electricidad, estamos a la orden de un 13% más de costes y nadie ha hecho ningún gesto de ayuda para paliar este incremento. Reclamamos mayor consideración a la ciudadanía, en general, y especialmente a las empresas que dan la activación necesaria para la economía del país”.
Medidas de AELEC para corregir los gastos
Por todo lo anterior, desde AELEC consideran urgente adoptar medidas que corrijan estas distorsiones. Así, lanzan una serie de propuestas para
reducir estos costes, mejorar la transparencia y la competitividad de la economía:
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Transparencia y desglose de los costes de operación del sistema
Es imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores, aliviando de forma directa los costes
de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables. Asimismo, es necesario que se garantice la publicación de información detallada, periódica y accesible sobre todos estos costes, incluyendo un plan de acción que ponga fecha de fin al uso del modo de
operación reforzada.
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Soluciones regulatorias para la financiación de estos servicios
Se propone evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema eléctrico de manera que se mantenga la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria, logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial.
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Reforma estructural de la fiscalidad energética
Es necesario avanzar hacia un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica. La suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras, debe consolidarse de forma permanente, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad.
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Coherencia con los objetivos de descarbonización y competitividad
El incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía. Es imprescindible alinear las decisiones operativas y regulatorias con los objetivos de reducción de costes, descarbonización y autonomía energética.
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