La asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, Andimac, advierte de la preocupante concentración de empresas en el sector en beneficio de las grandes superficies y de los gigantes tecnológicos. Y es que, según los datos más recientes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en el sector del comercio profesional de material de construcción, fontanería y climatización el número de empresas cae un 12 % mientras que el de trabajadores crece un 4,42 %.
Desde la patronal se alerta de un derrame generacional como la principal causa del cierre de empresas en este periodo, lo que se traduce en una palanca más hacia el proceso de concentración que sufre el sector. Un proceso que descansa sobre la pérdida de tejido empresarial por falta de relevo, en una transición orgánica y natural; pero sobre todo por la irrupción de modelos de negocio muy eficientes y bien enfocados pero cuyo desarrollo se produce por el externo financiero derivado de incumplir flagrantemente la ley de morosidad.
Las pymes del sector compiten con operadores en el segmento de materiales, fontanería y climatización que cobran al contado a sus clientes, pero que pagan a sus proveedores con retrasos medios de hasta 155 días. Esta dinámica no es una ventaja comercial sino más bien un abuso que subvierte las reglas del mercado y castiga a quienes sí cumplen con la legalidad.
Andimac recuerda que la Ley de Morosidad establece un plazo máximo de pago de 60 días. Y advierte de que superar ese límite no solo vulnera derechos contractuales, sino que genera ventajas financieras ilegítimas para quien incumple; debilita la tesorería de los proveedores, especialmente pymes, que además para equilibrar esta distorsión no les queda más remedio que ser más exigentes en condiciones de pago y comerciales con el resto de los clientes distribuidores de menor tamaño; y fuerza a otras empresas de distribución a competir en desigualdad de condiciones.
En la práctica, Andimac no ve solo un problema ético o legal, sino que considera que se trata de una amenaza estructural porque las empresas que sí cumplen la ley son desplazadas, debilitadas o forzadas a asumir riesgos financieros que no les corresponden. Por ello, la patronal considera que esta cuestión debe retornar al centro del debate público, empresarial y regulador. A su juicio, no hablamos de compartir riesgos, como a menudo se plantea de muy larga rotación, sino de rotaciones medias en torno a 70 días.
