La Unión Europea volverá a endurecer el control sobre el comercio electrónico con una nueva tasa a partir del 1 de noviembre

Vendedores y plataformas digitales serán considerados importadores responsables y tendrán que proporcionar a las autoridades aduaneras toda la información necesaria, pagar o garantizar los correspondientes cargos y asegurarse de que los productos comercializados cumplen las normas europeas.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una amplia reforma del código aduanero de la Unión Europea para reforzar el control sobre las compras online procedentes de países extracomunitarios. Las nuevas reglas buscan hacer frente al creciente volumen de pequeños paquetes que llegan al mercado europeo y garantizar que los productos importados cumplen la legislación comunitaria, tal y como informan desde Bruselas a través de un comunicado.

Una de las principales novedades será la creación de una tasa de gestión para cada producto que se adquiera en comercios de fuera de la UE y se envíe directamente a consumidores europeos. El objetivo es cubrir los costes derivados de la tramitación y control de la gran cantidad de paquetes individuales que reciben las autoridades aduaneras.

El importe de esta tasa se fijará por la Comisión Europea y  se revisará cada dos años para garantizar que se mantiene proporcional a los costes reales. Deberá recaudarse por los Estados miembros, como máximo, el 1 de noviembre. El pago corresponderá a la entidad responsable de abonar los demás cargos aduaneros del envío, con el objetivo de evitar que la tasa recaiga directamente sobre el consumidor.

Las plataformas asumirán nuevas responsabilidades

La reforma cambia también el papel de los vendedores y las plataformas digitales que facilitan la venta a distancia de productos procedentes de países de fuera de la UE. Estas empresas pasarán a ser consideradas importadores responsables y tendrán que proporcionar a las autoridades aduaneras toda la información necesaria, pagar o garantizar los correspondientes cargos y asegurarse de que los productos comercializados cumplen las normas europeas.

Para garantizar que estas obligaciones puedan exigirse de manera efectiva, las empresas deberán tener su sede en la Unión Europea o estar representadas por una entidad establecida en territorio comunitario que tenga la condición de operador económico autorizado o de importador responsable. La medida pretende evitar que se recurra a empresas pantalla para eludir las obligaciones.

La nueva normativa también busca fomentar los envíos al por mayor, ya que resultan más sencillos de controlar. Para ello, se incentivará que vendedores y plataformas de fuera de la UE establezcan almacenes dentro del territorio comunitario. Podrán beneficiarse de una tasa de gestión inferior cuando los productos lleguen en embalajes colectivos y en cantidades suficientes para facilitar los controles.

Las empresas que incumplan de forma reiterada las nuevas obligaciones podrán recibir multas de entre el 1 % y el 6 % del valor total de los productos importados a la UE durante los doce meses anteriores. Las autoridades también podrán suspender o retirar su condición de importador responsable u operador económico autorizado y clasificarlas como operadores de riesgo.

Un sistema simplificado para las empresas que cumplan

La reforma contempla además un régimen de «confianza y control» para las empresas de importación y exportación que mantengan una cooperación transparente con las autoridades aduaneras.

Para acceder a este sistema, las compañías deberán someterse inicialmente a una comprobación de sus antecedentes y permitir a las autoridades acceder a sus sistemas electrónicos. A cambio, sus envíos podrán estar sujetos a controles menos frecuentes y dispondrán de mayor flexibilidad en el pago de derechos y tasas.

La figura del operador económico autorizado continuará disponible también para las empresas de menor tamaño.

Un nuevo Centro de Datos de la UE

Otro de los elementos centrales de la reforma será la creación de un Centro de Datos de la UE, un sistema informático aduanero común que permitirá concentrar y compartir información sobre las mercancías que entran en territorio comunitario.

La nueva plataforma podrá comenzar a utilizarse a partir de 2031 y será obligatoria desde 2034. Está previsto que sustituya al menos 111 sistemas informáticos utilizados actualmente por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

El nuevo sistema facilitará a las empresas la declaración de mercancías y la comunicación con las autoridades. Para las administraciones aduaneras, permitirá disponer de una mayor cantidad de información para analizar riesgos y detectar posibles irregularidades, además de facilitar la cooperación entre los distintos países de la UE.

Nueva Autoridad Aduanera de la UE

La reforma establece asimismo una nueva Autoridad Aduanera de la UE, con sede en Lille, Francia. El organismo tendrá entre sus principales funciones coordinar la cooperación aduanera entre los Estados miembros, gestionar los riesgos y encargarse del futuro Centro de Datos europeo.

Últimos pasos para aplicar la reforma

El Consejo de la Unión Europea ya había dado su aprobación formal al texto, por lo que el visto bueno del Parlamento Europeo completa el procedimiento legislativo. El acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La normativa entrará en vigor un día después de su publicación, aunque los Estados miembros dispondrán de un periodo de adaptación antes de aplicar todos los cambios.

La reforma, propuesta por la Comisión Europea en mayo de 2023, llegó ante el fuerte aumento de los pequeños paquetes procedentes de países de fuera de la UE. Bruselas considera que el crecimiento de estos envíos supone una importante carga para las autoridades aduaneras y puede facilitar la entrada en el mercado europeo de productos que no cumplen los requisitos de seguridad y legislación comunitaria.

 

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