Andimac respalda la decisión de los Veintisiete de relajar las obligaciones ambientales a las empresas de la Unión Europea con el fin de aliviar la carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a gigantes económicos como China o Estados Unidos. El voto de los estados miembros, a propuesta de la Comisión Europea, alude a las exigencias a las entidades de informar de su actividad con el medio ambiente y será la posición que defenderá el Consejo en sus negociaciones con la Eurocámara, que en abril respaldó el texto del Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen por 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones.
La iniciativa, que forma parte del conocido como paquete Ómnibus I, afecta a la directiva sobre informes de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y la directiva sobre diligencia debida (CSDDD). Se plantea así posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad. Un retraso que daría a los Veintisiete un año más, hasta julio de 2027, para transponer las directivas a cada legislación nacional.
La prórroga ambiental, además, se aplicaría a la primera ola de empresas afectadas (aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones), y las empresas de fuera de la UE con una facturación superior a este umbral, que sólo tendrían que aplicar las normas a partir de 2028, de salir adelante la propuesta.
Reducción de trámites administrativos
Las grandes empresas con más de 250 empleados estarían obligadas a informar sobre sus medidas sociales y ambientales por primera vez en 2028, mientras que, las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa tendrían que proporcionar esta información un año después. Asimismo, se propone retrasar dos años la obligación de realizar informes de sostenibilidad para la segunda y tercera ronda de empresas cubiertas por la legislación.
En opinión de Andimac, se trata de una decisión muy acertada porque apostar por la sostenibilidad debe atender a la realidad del tejido empresarial, costes derivados y facilitar la adopción incentivando temporalmente buenas prácticas. Reducir las cargas regulatorias por regulaciones simplificadas y accesibles que ponderen la adaptación mediante incentivos limitados en el tiempo. Porque favorecer entre las pyme su participación y adaptación a criterios de sostenibilidad es fomentar su competitividad, mientras que forzar y hacerlo complejo y costoso redunda de forma negativa. Apostar de forma clara por adaptarse y tener buenas prácticas en esta materia refuerza la imagen positiva de las empresas, algo crítico en el sector de la construcción en general y la distribución profesional en particular.
Imagen de archivo. obligaciones ambientales
